Alberto Capella Ibarra, exsecretario de Seguridad Pública y especialista en temas de seguridad y gobernabilidad, planteó que una amplia mayoría de la sociedad tiene en sus manos la posibilidad de modificar el rumbo de Baja California, siempre que transforme el descontento en participación, exigencia y vigilancia de quienes ejercen el poder.
Bajo el planteamiento “El 85% que puede cambiar Baja California”, Capella centró su reflexión en la capacidad que tiene la ciudadanía para incidir en las decisiones públicas y no dejar exclusivamente en manos de gobiernos, partidos políticos o funcionarios la solución de los principales problemas del estado.
El exfuncionario tijuanense ha insistido a lo largo de su trayectoria en que temas como seguridad, corrupción, impunidad y gobernabilidad requieren algo más que cambios administrativos o nuevas estrategias oficiales. La participación social, la rendición de cuentas y la presión ciudadana también forman parte de cualquier transformación de fondo.
Capella cuenta con experiencia al frente de instituciones de seguridad en distintas entidades del país y ha mantenido una presencia constante en el debate público sobre las condiciones que enfrenta Baja California, particularmente en materia de violencia y funcionamiento institucional.
Su planteamiento coloca a la sociedad como un actor determinante. Más allá de quién gobierne, la capacidad de exigir resultados, participar en los asuntos públicos y evaluar a las autoridades puede convertirse en una fuerza de cambio cuando existe organización y continuidad.
La reflexión también apunta a romper con la idea de que los problemas de Baja California únicamente pueden resolverse desde las estructuras gubernamentales. Para Capella, el peso de una mayoría ciudadana activa puede modificar prioridades, exigir mejores perfiles públicos y obligar a las instituciones a responder con mayor eficacia.
El desafío será convertir ese potencial ciudadano en participación permanente y no únicamente en inconformidad, especialmente frente a problemas como la inseguridad, la falta de confianza en las instituciones y la percepción de impunidad que durante años han marcado la agenda pública de Baja California.
