El abogado fiscalista Adolfo Solís cuestionó el nuevo paquete anticorrupción planteado por el Gobierno federal y advirtió que, bajo el argumento de fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas, las modificaciones podrían incrementar los controles sobre ciudadanos y empresas sin necesariamente resolver los problemas estructurales de corrupción dentro del servicio público.
La propuesta contempló modificar 19 leyes y expedir dos nuevos ordenamientos, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención, investigación, fiscalización y sanción de actos de corrupción.
El paquete también planteó ampliar las facultades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control, además de incorporar herramientas tecnológicas para detectar posibles irregularidades.
Solís sostuvo que el problema no estuvo únicamente en aumentar atribuciones o crear nuevas disposiciones, sino en garantizar que las instituciones encargadas de combatir la corrupción actúen con independencia y apliquen las mismas reglas a funcionarios y particulares.
Desde su perspectiva, una legislación más amplia podría traducirse en mayores obligaciones de comprobación, fiscalización y vigilancia para contribuyentes y empresas, mientras persistirían dudas sobre la capacidad real del sistema para sancionar actos de corrupción cometidos desde el poder público.
El especialista también cuestionó que la creación de nuevas estructuras legales pudiera terminar ofreciendo una imagen de mayor combate a la corrupción sin modificar las prácticas que permitieron irregularidades dentro de las instituciones.
La discusión adquirirá relevancia cuando las reformas lleguen al proceso legislativo, donde deberán definirse las nuevas facultades de las autoridades, los procedimientos de investigación y las obligaciones que enfrentarán ciudadanos, empresas y servidores públicos.
El paquete anticorrupción abrirá así un debate sobre el equilibrio entre fortalecer la fiscalización y evitar que las nuevas herramientas terminen concentrando controles sobre la ciudadanía mientras las sanciones contra funcionarios corruptos continúen siendo insuficientes.
