San Diego

Endurecen regla migratoria de carga pública para solicitudes de residencia permanente

A partir del 18 de septiembre, los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicarán criterios más amplios para evaluar determinadas solicitudes migratorias. La agencia podrá negar ciertos beneficios cuando determine que una persona podría convertirse en una “carga pública”, es decir, alguien que podría depender de manera prolongada de recursos del gobierno.“Es una persona que va a vivir del gobierno, que no va a trabajar para nada. Entonces, va a agotar los recursos del gobierno que se generan con los impuestos que paga la gente”, explicó Héctor Bustamante, abogado de inmigración de Bankers Hill Law Firm.

Más factores bajo consideración

La nueva política amplía la evaluación que realizan los oficiales y les permite analizar la totalidad de las circunstancias de cada solicitante. Entre los factores que podrían ser considerados están los ingresos, estabilidad financiera, edad, estado de salud, experiencia laboral, dominio del inglés y composición familiar.

“Por ejemplo, ¿qué edad tiene la persona?, ¿qué experiencia laboral tiene?, ¿habla inglés?, ¿cuál es su salud?, ¿cuántos hijos tiene?, ¿cuánto tiempo ha pedido la ayuda, si es que ha pedido ayuda?”, señaló Bustamante. La evaluación también puede incluir determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos, además de programas federales como SNAP, Medicaid o vales de vivienda, que ya estaban contemplados bajo la política anterior.

¿Qué asistencia pública contará en contra?

Por ahora, la administración no ha especificado qué tipos de asistencia pública serán considerados negativamente bajo la nueva aplicación de la política. USCIS señala que el objetivo es determinar si quienes solicitan determinados beneficios migratorios pueden demostrar que tienen capacidad para mantenerse económicamente y evitar una dependencia prolongada de programas financiados por los contribuyentes. Bustamante señaló que el enfoque está relacionado con evitar que las personas abusen de los recursos públicos.“Lo que al gobierno no le gusta es que la gente abuse y que no pague las cuentas”, afirmó.

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El abogado también aclaró que situaciones específicas, como el nacimiento de un hijo de padres con visa de turista, no implican automáticamente que una persona sea considerada una “carga pública”, siempre que las circunstancias y obligaciones económicas correspondientes sean atendidas.

¿Qué pasa con quienes ya presentaron su solicitud?

Para las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva política, USCIS indicó que los funcionarios aplicarán reglas específicas respecto a los beneficios públicos recibidos. Los beneficios sujetos a comprobación de recursos recibidos antes de la fecha de implementación, en general, no serán considerados bajo los nuevos criterios, salvo determinadas formas de asistencia económica para el mantenimiento de ingresos o institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno.

Hay excepciones para algunos inmigrantes

La legislación migratoria contempla excepciones y protecciones para determinadas categorías. Entre ellas se encuentran personas con asilo, Visa U, TPS y Estatus de Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJS). Por ello, el impacto de la política dependerá del tipo de trámite y de las circunstancias particulares de cada solicitante.

Recomiendan revisar cada caso antes de solicitar

Abogados de inmigración recomiendan a quienes estén por iniciar un trámite revisar cuidadosamente su situación migratoria y financiera antes de presentar una solicitud. La principal preocupación es que la evaluación no se limitará a un solo factor, sino que los oficiales podrán analizar el conjunto de circunstancias de cada persona.

Por ello, especialistas aconsejan buscar orientación legal individualizada antes de presentar una solicitud, especialmente para quienes hayan recibido beneficios públicos o tengan una situación financiera, laboral o familiar que pudiera ser evaluada bajo los nuevos criterios.

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La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre, por lo que los próximos meses serán clave para determinar cómo USCIS aplicará estos criterios en casos concretos.

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California. Productora, reportera y conductora de noticias con enfoque en la región binacional Cali-Baja. Interesada en temas de política, cultura internacional y derechos de los animales.

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