El caso de un estudiante universitario lesionado durante una protesta en el centro de Los Ángeles volvió a encender el debate sobre el uso de proyectiles de control de multitudes por parte de agentes federales en manifestaciones públicas. La controversia creció después de que el joven anunciara que buscará llevar el caso a los tribunales.
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En los últimos meses, las protestas ligadas al movimiento “No Kings” han reunido a miles de personas en distintas ciudades de Estados Unidos, en un contexto marcado por tensiones políticas, operativos de seguridad y confrontaciones entre autoridades y manifestantes. En ese ambiente, el uso de municiones menos letales se ha convertido en uno de los puntos más cuestionados por activistas, abogados y organizaciones civiles.
El episodio también ha puesto atención sobre la presencia de estudiantes y observadores en protestas de alto riesgo, especialmente cuando asisten no para confrontar, sino para documentar lo que ocurre. Esa línea entre participante y testigo ha sido parte central de la discusión que rodea este caso.
En ese contexto, un estudiante de primer año de la Universidad del Sur de California (USC) se prepara para presentar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), luego de perder un ojo durante una manifestación realizada semanas atrás en el centro de Los Ángeles. El joven, de 18 años, aseguró que fue impactado por un proyectil disparado por un agente federal mientras se encontraba en la protesta.
De acuerdo con su versión y la de su representación legal, el estudiante estaba documentando lo ocurrido cerca del Metropolitan Detention Center cuando recibió el impacto en el rostro. La lesión fue tan grave que posteriormente tuvo que ser sometido a una cirugía en la que le retiraron el ojo afectado.
El caso se volvió especialmente sensible porque el estudiante sostuvo que no representaba una amenaza y que no estaba participando en actos violentos al momento de ser alcanzado. Su abogado adelantó que la demanda buscará responsabilizar a las autoridades federales por una lesión que describió como irreversible y que cambió de forma permanente la vida del joven.
Por su parte, el DHS defendió la actuación de sus agentes al afirmar que utilizaron la fuerza mínima necesaria en medio de disturbios y tras la negativa de parte de la multitud a dispersarse. Sin embargo, la versión del estudiante contradice esa postura y sostiene que no existió justificación para el disparo que lo dejó con una discapacidad permanente.
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La eventual demanda promete añadir presión pública y legal sobre el uso de armas menos letales en protestas en Estados Unidos. Más allá del proceso judicial, el caso ya se convirtió en un símbolo del debate sobre hasta dónde pueden llegar las autoridades en operativos de control de manifestaciones y qué protección real tienen quienes acuden a documentarlas.
