La Fiscalía sostiene que el exgobernador encabezaba una red de contrabando de hidrocarburos con daños al erario por más de 4 mil millones de pesos
La Fiscalía General de la República afirmó que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y las otras siete personas implicadas, se realizó con estricto apego al derecho y sin motivaciones políticas. La institución aseguró que en todo momento se ha respetado el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de los acusados.
La FGR detalló que las investigaciones revelan una red de contrabando de hidrocarburos operada por la empresa INGEMAR, que habría generado un daño al erario por más de 4 mil millones de pesos. Según la Fiscalía, la red utilizaba mecanismos financieros para ocultar recursos de origen ilícito y evadir impuestos mediante declaraciones falsas en aduanas.
Las indagatorias incluyen dictámenes periciales, análisis financiero, aduanero y ferroviario, así como trabajos de inteligencia. La FGR señaló que INGEMAR presentó movimientos millonarios en cuentas nacionales, con flujos superiores a 3 mil millones de pesos en un año, lo que evidencia un comportamiento incongruente con su perfil fiscal.
La Fiscalía destacó que el caso es parte de una estrategia integral contra el contrabando de combustibles, y que las pruebas recabadas son sólidas. La defensa de Ruffo Appel ha promovido recursos legales, mientras la FGR insiste en que no existe persecución política en el proceso.
