En una de sus primeras acciones como Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi ordenó la prohibición del financiamiento federal del Departamento de Justicia a las ciudades y condados santuario, incluyendo San Diego. La medida, emitida pocas horas después de su juramentación, busca presionar a las jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades de inmigración en la deportación de inmigrantes indocumentados.
El condado de San Diego, que en diciembre votó a favor de convertirse en santuario, es una de las áreas potencialmente afectadas por esta decisión. Su política actual es cumplir con la ley federal, pero sin destinar recursos locales a la aplicación de normativas migratorias. Esta nueva orden podría afectar el presupuesto del condado y de otras ciudades que han adoptado políticas similares en favor de la comunidad migrante.
Además de la restricción de fondos, la orden de Bondi instruye al Departamento de Justicia a investigar a las jurisdicciones santuario que, según la administración federal, podrían estar obstruyendo la aplicación de la ley migratoria. La medida ha generado fuertes críticas de autoridades locales y expertos en derecho, quienes argumentan que afectará la seguridad y los servicios en las comunidades impactadas.
