El Departamento de Estado de EE.UU. alerta que el reingreso ilegal después de una deportación es un delito federal con penas de cárcel: 2 años por reingreso simple, hasta 10 años si la expulsión previa estuvo ligada a un delito grave, y hasta 20 años cuando existen agravantes. Estas sanciones buscan disuadir intentos de retorno fuera de la ley en corredores fronterizos de alto tránsito.
Autoridades como CBP e ICE mantienen operativos y canalizan los casos al sistema federal, donde tribunales definen sentencias según antecedentes y circunstancias del expediente. El escenario incrementa el riesgo legal y los costos humanos y económicos para familias binacionales.
