Organizaciones de apoyo y migrantes en Tijuana califican como un retroceso en derechos humanos la nueva multa de 5 mil dólares a quienes crucen de forma irregular hacia Estados Unidos. La medida, anunciada por la vocería estadounidense en México, se suma a una tarifa de 1,000 dólares para el parole humanitario, y genera preocupación por su impacto en personas desplazadas por la violencia o que buscan reunificación familiar. Testimonios recabados en albergues refieren que el costo económico se convierte en una barrera adicional en un contexto de riesgos y extorsiones en ruta.
Directoras de atención al migrante señalan que la multa alcanzaría incluso a menores de 14 años, lo que consideran “desproporcionado” frente a estándares internacionales de protección. Administradores de casas de acogida reportan haber visto notificaciones de cobro entregadas a personas repatriadas en el sur de México; advierten que la deuda formaliza un endeudamiento imposible para familias que ya enfrentan precariedad, y temen un aumento de abusos por parte de redes criminales.
Migrantes consultados describen un escenario de mayor vulnerabilidad: con la amenaza de sanciones económicas, anticipan más agresiones durante los intentos de cruce y una escalada en los costos exigidos por traficantes. Aunque la ocupación en algunos albergues ha disminuido en semanas recientes, líderes comunitarios estiman que medidas punitivas pueden dispersar y ocultar a la población migrante, dificultando su acceso a información, salud y asesoría legal.
