El cierre del gobierno cumple dos semanas y la jueza federal Susan Illston en San Francisco evaluará si concede una medida temporal para detener la nueva ronda de despidos promovida por la administración del presidente Donald Trump. Las organizaciones AFGE y AFSCME, que aglutinan a más de 800 mil empleados públicos, solicitan una orden que congele los reductions in force (RIF) y suspenda el conteo del aviso obligatorio de 60 días. Desde la Casa Blanca, el argumento central es que el Poder Ejecutivo puede “optimizar” plantillas durante la falta de apropiaciones; los sindicatos responden que esa lectura usaría el cierre como vía para recortar programas autorizados por el Congreso.
En la última semana, al menos siete dependencias emitieron notificaciones de RIF a más de 4 mil trabajadores. Entre las áreas afectadas figuran la Oficina de Educación Especial del Departamento de Educación, la Oficina de Vivienda Justa en HUD, la Oficina de Eficiencia Energética en Energía, además de unidades en el IRS, SAMHSA y los CDC. La presión operativa ha sido inmediata en frentes sensibles como salud pública, vivienda y servicios educativos, con equipos reducidos que intentan sostener tareas críticas en medio de la parálisis presupuestaria.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) informó que, por discrepancias de datos y errores de tramitación, cientos de notificaciones emitidas a personal de HHS/CDC fueron revertidas, lo que exhibe el nivel de incertidumbre dentro de las agencias. Para los sindicatos, estos tropiezos refuerzan su postura de que las guías de OMB y OPM exceden sus facultades durante un cierre; para la administración, en cambio, se trata de ajustes dentro de su margen legal.
