El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dejó de mostrar públicamente la ubicación de miles de inmigrantes detenidos que tenían órdenes finales de deportación, un cambio que dificultó que familiares y abogados pudieran conocer dónde permanecieron bajo custodia federal.
La modificación comenzó a aplicarse el 15 de septiembre dentro del sistema electrónico utilizado para localizar a personas detenidas por ICE. La agencia no anunció previamente el cambio y representantes legales comenzaron a detectarlo cuando algunos de sus clientes dejaron de aparecer en el buscador público.
La medida afectó principalmente a personas que ya contaron con una orden final de expulsión. Durante julio, aproximadamente 16 mil de los cerca de 65 mil inmigrantes recluidos por ICE se encontraron en esa condición, por lo que el cambio pudo impactar a miles de familias y procesos legales.
Aunque una persona hubiera recibido una orden definitiva de deportación, todavía pudo recurrir a determinadas acciones legales, entre ellas solicitudes de emergencia ante tribunales o recursos relacionados con las condiciones de su detención.
La dificultad para conocer la ubicación de los detenidos redujo el tiempo disponible para que abogados localizaran a sus clientes antes de posibles traslados o deportaciones, especialmente en casos donde las autoridades realizaron movimientos entre centros de detención.
La nueva práctica no se aplicó de la misma manera en todas las instalaciones. Algunos centros permanecieron sujetos a decisiones judiciales que obligaron a mantener información disponible sobre las personas bajo custodia.
El cambio ocurrió mientras ICE incrementó arrestos y deportaciones como parte de la política migratoria de la administración de Donald Trump. La agencia mantuvo como prioridad a personas con órdenes finales de remoción, mientras organizaciones legales cuestionaron las consecuencias de limitar el acceso público a su ubicación.
La eliminación de esta información añadió una nueva dificultad para familiares y representantes legales que intentaron dar seguimiento a casos de deportación, mientras continuó el debate sobre la transparencia y el acceso a información de personas bajo custodia migratoria.
