CALIFORNIA.- Un reciente informe revela que ICE ha firmado más de 150 nuevos contratos para expandir sus instalaciones en California, ubicando oficinas operativas cerca de escuelas y clínicas en zonas como Irvine y Santa Ana.
Mientras el gobierno federal justifica estas sedes por logística y seguridad nacional, organizaciones civiles denuncian que la cercanía a espacios sensibles aterroriza a las comunidades y afecta el acceso a la salud y educación.
El debate crece en el estado ante la falta de transparencia en la ubicación de estos centros y el temor a operativos de detención a gran escala.
