Con el recuerdo de su hija y hermana presente, familiares de Brenda Gillette escucharon en la corte los detalles presentados por la fiscalía sobre su asesinato.
La víctima, de 53 años, era enfermera y veterana del Ejército, recordada por su familia como una persona cercana y muy querida.
Tras varias postergaciones por motivos médicos, se realizó la audiencia en la Corte del Sur del Condado, donde compareció Robert Lee Watkins, inquilino de una propiedad de Gillette y acusado de homicidio en primer grado.
Durante la sesión, el acusado se declaró no culpable.
De acuerdo con la investigación, Gillette administraba varias propiedades familiares, incluida la vivienda donde residía Watkins, quien previamente habría mostrado conductas problemáticas.
El 24 de mayo, la víctima acudió a la propiedad tras detectar que cámaras de seguridad habían sido cubiertas, presuntamente como parte de una posible estrategia para reunir evidencia de un proceso de desalojo. En ese contexto, también solicitó apoyo policial, aunque no hubo intervención inmediata.
Tras una discusión, la mujer desapareció. Al día siguiente fue reportada como no localizada por su familia.
Las autoridades localizaron su vehículo frente a la vivienda y revisaron videos de vigilancia donde se observa a Watkins deshaciéndose de bolsas con evidencia. En el interior del inmueble se encontraron rastros de sangre, lo que derivó en su detención.
Posteriormente, la investigación vinculó el hallazgo de restos humanos dentro de una maleta en el parque Paseo del Rey, además de imágenes de vigilancia en las que el acusado habría arrojado una bolsa al mar cerca del área del USS Midway.
Según la fiscalía, en ese paquete se encontraba la cabeza de la víctima, junto con un martillo y un hacha. También se informó que el acusado habría capturado una imagen de la escena y se la envió a sí mismo antes de intentar deshacerse de evidencia adicional.
La defensa de Watkins aseguró que el acusado no cuenta con antecedentes penales comprobados. Sin embargo, la jueza Yvonne Campos negó la libertad bajo fianza al considerar que existe un riesgo de fuga y por la solidez de las pruebas presentadas.
El acusado permanece bajo custodia. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de 26 años a cadena perpetua.
La próxima audiencia fue programada para el mes de julio.
