Obrador envió una carta de protesta y señala de “injerencistas” las alertas sobre la reforma que hizo Salazar
México | El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dejó de lado su habitual buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador y expresó un fuerte rechazo a la reforma del Poder Judicial impulsada por el gobierno mexicano. Salazar argumentó que las medidas propuestas no favorecen ni a la democracia ni a la justicia.
Durante una conferencia de prensa, el embajador criticó la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros en México mediante voto popular. Salazar hizo un llamado a desarrollar una propuesta que “fortalezca” la estabilidad del Poder Judicial en el país.
Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este viernes que su gobierno ha enviado una nota de protesta a Estados Unidos en respuesta a los comentarios del embajador estadounidense Ken Salazar. López Obrador calificó de “injerencistas” las observaciones de Salazar sobre la reforma al Poder Judicial.
El jueves, Salazar expresó que la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular podría poner en peligro la democracia en México, dañar la relación comercial con Estados Unidos y facilitar la intervención del crimen organizado en el sistema judicial. En reacción, la nota de protesta, leída por López Obrador, argumenta que tales declaraciones “constituyen una acción inaceptable de injerencia” y “violan la soberanía de los Estados Unidos Mexicanos”, destacando que no reflejan el respeto mutuo característico de las relaciones bilaterales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró en el documento que la reforma busca reforzar el Estado de derecho en México, asegurando que el gobierno está comprometido con un Poder Judicial verdaderamente independiente, autónomo y legítimo.
Este cruce de declaraciones entre Estados Unidos y México subraya la creciente controversia en torno a la reforma del Poder Judicial, la cual el Congreso mexicano debatirá la próxima semana y planea aprobar en septiembre, cuando el partido gobernante contará con la mayoría necesaria para modificar la Constitución sin oposición.
