San Diego – Las recientes políticas implementadas por el condado de San Diego, que ponen fin al uso de recursos del condado para la aplicación de la ley federal de inmigración, están generando un debate legal y político que probablemente tendrá que ser resuelto en los tribunales. Esta medida, aprobada por la Junta de Supervisores el 10 de diciembre, está atrayendo la atención a nivel nacional, justo unas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.
La resolución, que tiene como objetivo terminar con las transferencias de custodia a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y las notificaciones de liberación, se basa en una ley estatal aprobada en 2017 que limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración. La nueva política elimina las excepciones para personas condenadas por ciertos delitos, como agresión, y requiere que ICE obtenga una orden judicial para llevar a cabo cualquier detención.
Además, esta política pone fin a la colaboración proactiva del condado con las autoridades federales, lo que ha generado críticas por parte de los aliados del presidente electo, quienes se oponen a la medida. El debate sobre esta política sigue siendo un tema candente, con defensores de los derechos de los inmigrantes aplaudiendo la decisión, mientras que los opositores la ven como un obstáculo para la aplicación de las leyes federales de inmigración.
