San Diego | Información obtenida de órdenes judiciales revela que el restaurante Buona Forchetta, ubicado en South Park, ya había sido señalado por contratar a personas indocumentadas en dos ocasiones anteriores: una en noviembre de 2020 y otra en enero de este año. La reciente redada migratoria realizada por agentes federales el pasado viernes se llevó a cabo luego de que el Departamento de Seguridad Nacional recibiera estas denuncias, además de reportes sobre presunta explotación laboral y el uso de documentos falsificados por parte de algunos empleados.
Según las autoridades, al menos 19 trabajadores presentaron tarjetas de residencia alteradas y números de seguro social fraudulentos. Durante la inspección se detectaron errores en la tipografía, hologramas inconsistentes y fotografías manipuladas. Siete de los empleados tenían antecedentes por violaciones migratorias previas.
La orden de cateo fue firmada por una jueza federal el 29 de mayo y ejecutada al día siguiente. El operativo concluyó con el arresto de cuatro personas, tres de ellas de nacionalidad mexicana. Se informó que algunos detenidos ya fueron trasladados al centro de detención de Otay Mesa.
Activistas por los derechos de los migrantes reportaron un clima de pánico entre la comunidad trabajadora ante este tipo de operativos.
Expertos legales señalan que la contratación intencional de personas sin documentos constituye una violación a la ley federal, lo que puede acarrear multas e incluso penas de cárcel. Aunque existe un sistema gratuito del Departamento de Seguridad Nacional para verificar la autenticidad de los documentos laborales, su uso no es obligatorio bajo la legislación actual.
Organizaciones locales como el sindicato SEIU de conserjes, el Consorcio de Derechos de Inmigrantes de San Diego, entre otras, denuncian que este tipo de redadas solo profundizan el miedo en las comunidades migrantes. Aseguran que continuarán luchando por la defensa de los derechos laborales, incluso para quienes ya enfrentan procesos en las cortes de inmigración.
También exhortan a la comunidad a denunciar estos hechos y a buscar asesoría legal a través de líderes y organizaciones locales.
