La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó una revisión exhaustiva de las relaciones contractuales que empresas recientemente señaladas por autoridades estadounidenses hubieran mantenido con el Gobierno del Estado, además de instruir que los expedientes correspondientes fueran enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su análisis.
La mandataria sostuvo que las contrataciones realizadas anteriormente se habían efectuado con base en la situación jurídica, el padrón de proveedores y las restricciones vigentes en el momento de cada procedimiento, por lo que afirmó que la información conocida en 2026 no podía aplicarse automáticamente a decisiones administrativas tomadas años atrás.
Ávila Olmeda señaló que, ante los nuevos datos, su administración había ordenado revisar cada antecedente contractual para determinar si existió alguna irregularidad, riesgo operativo o afectación patrimonial, y remitir cualquier hallazgo a las instancias de control correspondientes.
Como medida preventiva, el Poder Ejecutivo estatal también determinó que personas físicas o empresas señaladas por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas no pudieran participar en nuevas licitaciones estatales mientras no aclararan formalmente su situación jurídica.
El Gobierno del Estado explicó que algunos de los contratos bajo revisión estuvieron relacionados con equipamiento, suministros e infraestructura técnica destinada a corporaciones de seguridad pública. La administración aseguró que el acceso, resguardo y manejo de bases de datos y sistemas institucionales permanecieron exclusivamente bajo responsabilidad de personal autorizado.
La gobernadora sostuvo que la revisión buscó establecer con documentación si las operaciones administrativas cumplieron con la legislación vigente al momento de realizarse y aseguró que, en caso de detectarse irregularidades, tendrían que iniciarse los procedimientos correspondientes.
La administración estatal también recordó que organismos como la Fiscalía General del Estado contaron con autonomía constitucional, presupuestaria y administrativa para realizar sus propios procesos de contratación y resguardo documental.
La revisión abrió una nueva etapa de supervisión sobre contratos públicos en Baja California, mientras la administración estatal buscó determinar si las empresas señaladas mantuvieron operaciones con dependencias gubernamentales y si existió alguna irregularidad que requiriera intervención de las autoridades anticorrupción.
