El gobierno de México anunció que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de ciudadanos mexicanos ocurridas bajo custodia migratoria o durante operativos de detención realizados por autoridades estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su gobierno no puede ignorar los casos de mexicanos que han perdido la vida en este contexto y afirmó que las denuncias buscarán que se investigue a los posibles responsables por homicidios o violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con el gobierno mexicano, 14 ciudadanos mexicanos han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mientras que otros tres fallecieron durante operativos de arresto realizados por esa agencia.
El anuncio llega después de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años que fue baleado por un agente migratorio durante una parada vehicular en Houston, Texas. El caso provocó protestas y aumentó la presión sobre las autoridades de ambos países.
Sheinbaum afirmó que México brinda asistencia a todos los connacionales que la solicitan, especialmente a quienes, dijo, tienen como único propósito trabajar honestamente en Estados Unidos.
El canciller Roberto Velasco explicó que el gobierno mexicano decidió avanzar más allá de los canales diplomáticos, luego de varios intentos fallidos por atender estos casos mediante comunicación directa con autoridades estadounidenses.
Velasco detalló que las denuncias serán presentadas ante fiscalías en Estados Unidos para pedir que los hechos sean investigados como asuntos penales. Además, México también planea interponer demandas civiles contra empresas privadas que operan centros de detención migratoria.
El caso marca un endurecimiento en la postura del gobierno mexicano frente a las muertes de sus ciudadanos en operativos migratorios, en medio de una relación cada vez más tensa con Estados Unidos por las políticas de deportación y control fronterizo.
Autoridades estadounidenses han defendido sus procedimientos al asegurar que las personas detenidas reciben debido proceso, alimentos, agua, atención médica y posibilidad de comunicarse con familiares y abogados. Sin embargo, México sostiene que las muertes deben investigarse con mayor profundidad y que debe haber rendición de cuentas.
