La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, presentó una propuesta para ampliar la elegibilidad del programa local de defensa legal de inmigrantes y proteger a los menores no acompañados que enfrentan procesos migratorios sin representación. La medida busca contrarrestar los recortes de la administración Trump al financiamiento federal para estos niños.
Lawson-Remer advirtió que, si no se actúa antes del 30 de septiembre, incluso niños de 4 a 8 años podrían ser obligados a comparecer solos ante un juez y un fiscal federal. Actualmente, unos 300 menores en San Diego estarían en riesgo de quedar sin representación legal.
De aprobarse, la iniciativa permitiría que todos los niños, sin importar su situación de custodia, reciban asistencia jurídica. El director del programa, Michael Garcia, señaló que las probabilidades de éxito en los casos migratorios pasan de 5% a 66% cuando hay un abogado. La Junta de Supervisores votará la propuesta el 9 de septiembre.
