San Diego – El Condado de San Diego aprobó una nueva política que limita los traslados de personas indocumentadas desde el departamento del alguacil hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), intensificando un conflicto entre las autoridades locales y estatales. La medida fue respaldada por la Junta de Supervisores del condado con una votación de 3 a 1, alineándose con la Ley de Valores de California (SB 54), promulgada en 2017 para restringir la colaboración en deportaciones.
La presidenta de la Junta, Nora Vargas, calificó las excepciones a la ley como “lagunas legales” y destacó que la nueva política pone fin a los traslados voluntarios hacia ICE, además de requerir órdenes judiciales para cualquier notificación de liberación de detenidos. El año pasado, aproximadamente 200 personas fueron transferidas a custodia federal desde el condado, lo que subraya el impacto potencial de esta medida.
Horas después de la aprobación, la sheriff Kelly Martínez anunció que no cumplirá con la nueva política, argumentando que seguirá observando la ley estatal vigente y que no existen vacíos legales en el estatuto.
