Residentes, líderes comunitarios y organizaciones civiles aumentaron la presión para que la ciudad de Escondido cancelara el acuerdo que permitió a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utilizar el campo de tiro municipal, mientras prepararon nuevas acciones para llevar el tema nuevamente ante el Concejo.
Los manifestantes se reunieron frente a las oficinas de la ciudad y solicitaron al alcalde Dane White y al jefe de Policía, Ken Plunkett, que pusieran fin al convenio relacionado con el uso de las instalaciones por parte de autoridades federales de inmigración.
Durante la concentración, los organizadores informaron que planeaban acudir a la reunión del Concejo Municipal del 30 de septiembre para insistir en la cancelación del acuerdo y presentar nuevamente sus argumentos ante las autoridades locales.
Los grupos también señalaron que revisaron documentos internos de la ciudad que, según su interpretación, generaron nuevas dudas sobre las implicaciones operativas y de seguridad vinculadas con el convenio. Esos señalamientos quedaron como parte de los argumentos de las organizaciones que se opusieron al contrato.
La controversia había tomado fuerza desde principios de 2026, cuando residentes conocieron que Escondido mantenía un acuerdo que permitía al Departamento de Seguridad Nacional y a ICE utilizar el campo de tiro de la ciudad para actividades de entrenamiento.
Desde entonces, más de 3 mil personas respaldaron una petición para terminar el convenio, mientras cientos de residentes acudieron a una reunión del Concejo en febrero para expresar posiciones en contra de la continuidad del acuerdo.
La concejal Consuelo Martinez presentó una propuesta para cancelar el convenio, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo necesario para avanzar, por lo que el acuerdo permaneció vigente.
La discusión adquirió mayor relevancia después de que el Condado de San Diego decidió en agosto poner fin al acceso de ICE a instalaciones de entrenamiento con armas de fuego bajo control del condado, una medida que los grupos de Escondido utilizaron como referencia para pedir una decisión similar a nivel municipal.
El futuro del acuerdo volvió así al centro del debate político local, mientras residentes y organizaciones prepararon su participación para el 30 de septiembre y mantuvieron su petición de que Escondido revisara la continuidad del uso de su campo de tiro por parte de agentes federales de inmigración.
