La nueva política responde a las demandas del fiscal general de California sobre la ley SB 34
San Diego | El Departamento de Policía de San Diego (SDPD) ha emitido una nueva política respecto al uso y compartición de datos obtenidos por los lectores automáticos de matrículas, tras ser señalado por el fiscal general de California, Rob Bonta, por violar una ley estatal sobre el intercambio de información.
En un informe reciente, el SDPD reveló que, en 2024, compartió datos con agencias federales como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) para apoyar investigaciones en casos como secuestro, tráfico de personas y tráfico de drogas. Sin embargo, este intercambio violaba la ley SB 34, que prohíbe el uso de datos de los lectores de matrículas con agencias fuera del estado y federales.
La nueva política alineada con la ley estatal permitirá que el SDPD mantenga su uso de la tecnología de lectores de matrículas dentro de los límites de California. A pesar de este cambio, la controversia sobre el uso de esta tecnología sigue vigente, especialmente entre los defensores de las libertades civiles que han criticado el impacto que esta puede tener sobre la privacidad de los ciudadanos.
Durante una reunión del Comité de Seguridad Pública, varios residentes de San Diego expresaron su preocupación por el uso de esta tecnología para la vigilancia masiva y el posible abuso por parte de agentes federales. También se cuestionó el hecho de que agentes vestidos de civil, sin identificar sus cargos, hayan llevado a cabo arrestos en el área de Mission Valley, lo que genera desconfianza y miedo en la comunidad.
El concejal Stephen Whitburn y la presidenta del sindicato de trabajadores hoteleros, Brigette Browning, criticaron el uso de estos métodos de vigilancia y arresto sin transparencia. A pesar de ello, el capitán Charles Lara defendió el uso de los lectores de matrículas, asegurando que la Policía de San Diego no colaborará con investigaciones de inmigración ni en casos de atención reproductiva, y que rechazarán cualquier solicitud federal para acceder a esos datos. Aunque la situación se está ajustando, los residentes exigen claridad sobre las acciones del gobierno federal y el respeto a las leyes locales de privacidad.
