El caso revela tensiones sobre el uso del sistema Flock, que enfrenta creciente oposición en el Concejo Municipal
Investigadores internos de la Policía de San Diego utilizaron en agosto de 2025 los datos de las cámaras de matrículas de Flock para verificar si el automóvil de una víctima de violencia doméstica y el vehículo personal del oficial Miguel González se habían cruzado. La búsqueda se realizó en el marco de una investigación por mala conducta que determinó que González inició una relación romántica y sexual con la víctima mientras estaba de servicio.
Aunque el rastreo no encontró evidencia de que los autos estuvieran cerca, la pesquisa sustanció seis acusaciones contra el oficial, incluyendo que obtuvo el número de teléfono de la víctima y la contactó durante su turno. El Departamento de Policía defendió la legalidad de la búsqueda, argumentando que las investigaciones de mala conducta de oficiales están contempladas dentro de los usos autorizados del sistema.
Sin embargo, la acción generó rechazo entre el Sindicato de Oficiales de la Policía, que exigió el fin del uso de Flock en investigaciones administrativas no criminales. Asimismo, el vocal del Consejo de Privacidad de la ciudad, Ted Womack Jr., señaló que la vigilancia a la víctima parece violar la política de uso, desatando un debate sobre los límites de la tecnología.
El caso cobró relevancia política en el Concejo, donde la oposición al programa ya estaba creciendo. El concejal Raúl Campillo retiró su apoyo y exigió una suspensión inmediata, mientras un comité avanzó un plan en octubre de 2026 para cancelar el contrato con Flock y prohibir los lectores. Campillo se convirtió en el sexto voto necesario para anular un posible veto de la alcaldía.
