La Proposición 45 busca modificar los procedimientos de revisión ambiental para determinados proyectos de vivienda, transporte, agua y salud, estableciendo plazos más cortos para evaluaciones y procesos judiciales.
La Proposición 45 de California 2026 plantea modificar la Ley de Calidad Ambiental de California, conocida como CEQA, con el objetivo de acelerar determinados proyectos de infraestructura y construcción.
Esta legislación establece procedimientos para identificar y analizar posibles efectos ambientales de proyectos públicos y privados antes de su aprobación.
La nueva iniciativa propone establecer límites de tiempo y modificar determinadas reglas de revisión administrativa y judicial.
¿Qué proyectos serían afectados?
La propuesta contempla cambios para diversas categorías de proyectos, incluidos desarrollos de vivienda, infraestructura de transporte, instalaciones de salud y proyectos relacionados con el suministro de agua.
También establecería nuevos plazos para completar revisiones ambientales y resolver demandas judiciales contra determinadas autorizaciones.
La iniciativa modificaría el alcance de algunos aspectos que los tribunales pueden considerar al revisar impugnaciones legales de proyectos.
¿Qué significa votar Sí o No?
Votar Sí establecería nuevos procedimientos y plazos para acelerar las evaluaciones ambientales y la resolución de determinados litigios.
Votar No mantendría los procedimientos actuales de revisión ambiental y evaluación judicial.
Según la Oficina del Analista Legislativo, los costos iniciales para gobiernos estatales y locales probablemente alcanzarían varias decenas de millones de dólares anuales y podrían superar los 100 millones. Parte de estos gastos se cubriría mediante tarifas.
Los efectos fiscales a largo plazo son inciertos.
Argumentos a favor y en contra
La California Children’s Hospital Association, la California Water Association y organizaciones dedicadas a la vivienda asequible respaldan la iniciativa. Argumentan que los cambios ayudarían a reducir retrasos en la construcción de viviendas, infraestructura hidráulica, instalaciones médicas y otros proyectos necesarios.
Entre los opositores se encuentran Coalition for Clean Air, California Environmental Voters y National Wildlife Federation. Consideran que los nuevos procedimientos podrían reducir las oportunidades de revisión pública y debilitar la supervisión de posibles impactos ambientales.
En San Diego e Imperial, la medida podría tener implicaciones para futuros proyectos de vivienda, infraestructura y servicios públicos sujetos a las disposiciones propuestas.
California decidirá sobre estos cambios durante las elecciones generales del 3 de noviembre de 2026.
