Richard “Ricky” Fischer, exalguacil adjunto del condado de San Diego condenado por agresiones contra 16 mujeres mientras se encontraba en servicio, fue retirado de una organización cristiana dedicada a brindar apoyo espiritual a policías, después de que su incorporación como capellán provocó cuestionamientos sobre su pasado y el nivel de confianza asociado con esa función.
Fischer había sido incorporado al Christian Law Enforcement Fellowship, organización que ofreció acompañamiento y orientación a integrantes de corporaciones policiales y sus familias. Sus responsables habían argumentado inicialmente que el exagente atravesó un proceso de rehabilitación y preparación religiosa que lo llevó a estudiar para ejercer como capellán.
El exalguacil fue condenado en 2019 después de declararse culpable de siete cargos relacionados con conductas cometidas contra 16 mujeres entre 2015 y 2017, cuando trabajó uniformado para la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego.
Las víctimas incluyeron mujeres a quienes Fischer detuvo durante intervenciones de tránsito y otras que solicitaron ayuda de las autoridades. Los fiscales determinaron que el entonces agente aprovechó su posición y autoridad para establecer contacto con ellas y cometer agresiones sin su consentimiento.
Fischer recibió una sentencia de tres años y ocho meses de prisión, mientras las demandas civiles relacionadas con su conducta provocaron acuerdos que representaron millones de dólares para el condado de San Diego.
Su incorporación como capellán generó críticas de antiguos integrantes de las fuerzas del orden y de personas vinculadas con las víctimas, quienes cuestionaron que alguien que había utilizado una posición de autoridad para cometer abusos volviera a ocupar un papel basado en confianza y acompañamiento.
La organización defendió inicialmente que la experiencia personal de Fischer podía servir para orientar a policías que enfrentaran problemas legales, emocionales o profesionales. Sin embargo, el martes 1 de septiembre dio marcha atrás, lo removió de manera inmediata y reconoció que no había considerado suficientemente el impacto que la decisión podía provocar entre las víctimas y la comunidad.
La salida de Fischer cerró, por el momento, su participación dentro del grupo de apoyo policial, mientras la controversia dejó abierto un debate sobre rehabilitación, segundas oportunidades y los límites que debieron considerarse cuando una persona condenada por abusar de su autoridad buscó regresar a funciones relacionadas con las fuerzas del orden.
