San Diego | Este martes, la Junta de Supervisores del Condado ha decidido postergar por un año la implementación de la nueva ley estatal SB 43, que amplía las condiciones para retenciones involuntarias en casos de salud mental. La decisión, aprobada con un voto de 3-2, se basa en inquietudes sobre la preparación del sistema de salud, incluyendo la capacitación y la presión adicional en los servicios de emergencia hospitalarios.
El SB 43, previsto para entrar en vigor el 1 de enero de 2024, extiende la definición de “gravemente discapacitado” para incluir a personas incapaces de manejar su atención médica o seguridad personal, así como a aquellos con trastornos por uso de sustancias. La nueva ley también permite a los gobiernos de los condados posponer su implementación por hasta dos años.
La presidenta de la Junta, Nora Vargas, junto con los supervisores Jim Desmond y Monica Montgomery Steppe, votaron a favor del retraso, enfatizando la necesidad de asegurar recursos suficientes y una planificación adecuada. Por otro lado, los supervisores Joel Anderson y Terra Lawson-Remer votaron en contra, argumentando la urgencia de implementar la ley y criticando la falta de preparación previa.
Profesionales de la salud y de hospitales expresaron su apoyo al retraso, citando la sobrecarga actual de los departamentos de emergencia y la necesidad de una planificación cuidadosa para garantizar el éxito de la implementación de la ley. Sin embargo, algunos ciudadanos y funcionarios, como el jefe del Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego, Colin Stowell, urgieron a no posponer la implementación, destacando la creciente necesidad de servicios de salud mental en la comunidad.
