SAN CLEMENTE, CA.- El Concejo de San Clemente debatió anoche si permitir a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza instalar una cámara de vigilancia costera en terrenos municipales.
La propuesta, destinada a rastrear embarcaciones tipo panga, generó una fuerte oposición de los residentes, preocupados por su privacidad y el control federal de su litoral.
Tras un extenso debate, los concejales instaron al administrador municipal a continuar las negociaciones sobre un borrador de contrato de arrendamiento. Los términos propuestos incluyen un contrato de 20 años a 10 dólares anuales, con opción a prórroga. La CBP asumiría los costos de instalación, que superan el millón de dólares.
La agencia federal busca aumentar la vigilancia tras haber avistado al menos 18 lanchas tipo panga frente a la costa en los últimos dos años. El personal municipal argumenta que la tecnología también podría ser útil para detectar embarcaciones en peligro.
