San Diego | La ciudad de San Diego se ha sumado a una demanda federal en la cual más de 70 jurisdicciones acusan al gobierno de condicionar la entrega de más de $12 mil millones de dólares en subvenciones ya aprobadas. La ciudad se une a una coalición encabezada por el condado de King, en Washington, en un esfuerzo por frenar lo que consideran una interferencia política sin precedentes.
El conflicto gira en torno a nuevas reglas impuestas por agencias federales, que exigen a los beneficiarios de fondos que se alineen con una agenda política asociada al presidente Donald Trump. Entre esas condiciones se encuentran el rechazo a políticas de diversidad e inclusión, colaboración de agencias locales con agencias migratorias federales, restricciones al acceso al aborto y exclusión de personas transgénero.
Para San Diego, están en riesgo al menos $362 millones de dólares en subvenciones de vivienda, transporte e infraestructura. Fondos clave que el gobierno local planea usar en proyectos de reparación urbana, construcción de vivienda asequible y atención a personas sin hogar.
La demanda fue presentada en el Tribunal del Distrito Oeste de Washington. Los demandantes argumentan que estas condiciones son inconstitucionales y carecen de relación con los objetivos originales de los programas federales.
San Diego es, hasta ahora, la única ciudad de la región que ha decidido enfrentar legalmente estas medidas.
