Los tripulantes del vehículo se negaron a detener la marcha cuando los agentes, mediante códigos y luces estroboscópicas se lo indicaron.
Tijuana | La tarde de este martes 9 de abril agentes de la Coordinación de Inteligencia detuvieron a tres estudiantes de medicina que se encontraban en posesión de un arma de fuego, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en su delegación Tijuana.
Los jóvenes circulaban a exceso de velocidad a bordo de un vehículo Mercedes Benz de color gris con placas de California, sobre la rampa Álamos en la colonia Tercera Etapa del Río, siendo observados por agentes que realizaban labores de prevención e investigación, por lo que procedieron a darles alcance y con el uso de luces estroboscópicas y códigos oficiales indicarles que detuvieran la marcha para saber si tenían alguna emergencia, sin embargo los tripulantes ignoraron la petición y aceleraron.
El conductor continuó avanzando sobre el bulevar Insurgentes adentrándose a una estación de gasolina e incorporándose a la Vía Rápida Oriente, por lo que los agentes solicitaron el apoyo de más unidades y corporaciones, sumándose Policía Municipal y Fiscalía General del Estado continuando la persecución a la altura de Zona Urbana del Río en donde sobre la calle Aviación y en sentido contrario se incorporaron al bulevar Padre Kino en donde se detienen y posteriormente avanzan de reversa para impactar una de las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y nuevamente emprender a la huida subiéndose al camellón sobre el mismo bulevar continuando su marcha hasta ser intervenidos a la altura de la glorieta a Diana Cazadora.
Luego de inspeccionar el vehículo los agentes localizaron debajo del asiento del conductor una bolsa negra que contenía en su interior un arma de fuego corta tipo revolver misma que no se encontraba abastecida.
Los jóvenes fueron identificados como Richard Paul “N” de 19 años, Mía “N” de 18 años, ambos originarios de Tijuana, así como Ramón “N” de 25 años originario de Los Ángeles, a quienes se les puso a disposición de la Fiscalía General de la República bajo el delito de Portación de Arma, siendo ésta la autoridad competente en determinar la situación jurídica de los antes mencionados.
