El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a investigar y enjuiciar los casos de quema de la bandera estadounidense. La medida contradice el fallo de la Corte Suprema de 1989 (Texas v. Johnson), que determinó que este acto constituye “expresión simbólica” protegida por la Primera Enmienda.
La disposición establece sanciones de hasta un año de prisión sin libertad anticipada, y en el caso de extranjeros, la revocación de permisos de residencia o deportación. Según la orden, el castigo procederá cuando se considere que la acción incita a la violencia o equivale a “palabras de pelea” que puedan generar actos ilegales inmediatos.
Trump justificó la medida al señalar que la quema de la bandera “incita disturbios como nunca antes”, aunque no presentó evidencia que lo respalde. La orden fue acompañada por otras disposiciones de seguridad, entre ellas mayor control federal sobre la Guardia Nacional, la creación de una fuerza de reacción rápida para contener disturbios y sanciones a estados que han eliminado la fianza en efectivo para ciertos delitos graves.
