El gobierno del presidente Donald Trump presentó una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para revocar una orden judicial que impide la deportación de más de 300,000 venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). La acción busca restablecer la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en enero anunció el fin de ese programa humanitario.
La medida fue bloqueada por un tribunal federal en California, luego de que un grupo de migrantes venezolanos argumentara que la cancelación del TPS violaba normas del procedimiento administrativo y respondía a motivos políticos y discriminatorios. En abril, el Noveno Circuito de Apelaciones mantuvo vigente la suspensión, dejando intactas las protecciones migratorias de manera temporal.
En su apelación, el gobierno de Trump argumentó que el fallo judicial interfiere con las facultades del poder ejecutivo y limita decisiones migratorias que deben ser “flexibles y discrecionales”. Este es el undécimo caso urgente del actual mandato en llegar a la Corte Suprema, que también analiza temas como los derechos de personas trans y la Ley de Enemigos Extranjeros.
