Durante la firma de órdenes ejecutivas en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aseguró que “mucha gente” estaría dispuesta a aceptar un dictador en el país, al justificar su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, tras el operativo federal en Washington D.C. Aunque posteriormente intentó matizar diciendo que él “no es un dictador”, la declaración generó preocupación y fuertes reacciones en torno a la concentración de poder en su administración.
El mandatario defendió sus planes de ampliar la presencia de fuerzas federales en distintas ciudades, pese a la oposición de líderes locales y sectores de la sociedad civil. La estrategia busca, según sus palabras, garantizar el orden, aunque críticos advierten sobre un uso político de las fuerzas armadas en entornos civiles.
Ese mismo lunes, Trump firmó una orden ejecutiva que criminaliza la quema de la bandera estadounidense, un acto protegido por la Primera Enmienda como libertad de expresión. La medida plantea un año de prisión para quienes realicen esta acción, elevando la tensión sobre los límites constitucionales y la dirección que está tomando el gobierno federal en temas de libertades civiles.
