Un juez vinculó a proceso, es decir, determinó que hay elementos que pudieran derivar en el delito de peculado, a seis exfuncionarios del gobierno estatal de Baja California durante la administración de Jaime Bonilla.
Se les acusa de malversación de fondos públicos luego de haber pagado 123 millones de pesos a un fideicomiso con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali, sin haber contado con los permisos federales.
Jaime Bonilla está en la carpeta de investigación, pero no puede ser juzgado debido al fuero con el que cuenta por ser senador de la república. El ex secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien ahora trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, también fue descartado porque se consideró que tuvo una injerencia menor en la operación.
Los que sí fueron vinculados a proceso fueron la exsecretaria de desarrollo urbano, Karen Postlethwaite, los exsecretarios de hacienda, Adalberto González y Rodolfo Castro, el exsecretario del agua, Salomón Faz y los exoficiales mayores, Israel Clemente González y Marco Octavio Hilton, éste último por cierto es funcionario de la actual administración que encabeza Marina del Pilar Ávila.
