La demanda en North Park apunta a una presunta red de prostitución disfrazada de spa, luego de que la Fiscalía de la Ciudad de San Diego buscara cerrar el negocio y sancionar a su propietaria por presuntas violaciones a la ley.
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La Fiscalía de la Ciudad de San Diego presentó una acción civil contra Jeani Ku, señalada como propietaria y operadora de Osaka Oriental Spa, un negocio ubicado en 1845 Adams Avenue, en North Park, que presuntamente funcionaba como fachada para actividades de prostitución. La demanda fue interpuesta en representación del pueblo del estado de California y buscó suspender las operaciones del establecimiento, además de responsabilizar a la dueña por presuntas conductas ilegales, afectaciones a la comunidad y violaciones a leyes estatales y locales.
De acuerdo con la querella, operativos encubiertos realizados por el Departamento de Policía de San Diego detectaron un patrón reiterado dentro del local. Según el documento, en casi todas las visitas encubiertas los agentes habrían sido solicitados para recibir servicios sexuales a cambio de dinero adicional. La acusación sostuvo que empleados negociaban precios y realizaban actos lascivos en habitaciones privadas, mientras el negocio se presentaba como un spa de masajes aparentemente legítimo.
La oficina legal de la ciudad también sostuvo que la presunta actividad ilícita no fue aislada. Afirmó que, pese a advertencias previas y a diversas acciones policiales, incluidos arrestos e infracciones, la conducta continuó. En uno de los episodios descritos en la demanda, la propietaria presuntamente intervino durante un operativo para alertar a una empleada sobre la presencia policial y ayudarla a escapar del lugar.
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Además de las acusaciones relacionadas con prostitución, la División de Cumplimiento de Edificación y Uso de Suelo reportó múltiples irregularidades en el inmueble, entre ellas construcciones sin permiso, uso residencial ilegal dentro de un espacio comercial y modificaciones consideradas inseguras. La Fiscalía solicitó al tribunal una orden para clausurar el negocio y pidió imponer sanciones civiles de 2 mil 500 dólares por día y por cada infracción, así como el pago de los costos de investigación.
