Una investigación realizada por el medio CalMatters reveló esta semana que el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha solicitado $55 millones de dólares al estado para participar en el intercambio de datos de licencias de conducir con la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (AAMVA).
Este posible intercambio de información a nivel nacional ha generado preocupación, especialmente sobre la seguridad de los datos de aproximadamente un millón de conductores sin estatus migratorio legal en California.
En el estado, las personas sin estatus migratorio pueden solicitar una licencia de conducir bajo la ley AB 60, aprobada en 2013. Estas licencias especiales no pueden ser utilizadas para fines federales como abordar vuelos o ingresar a instalaciones gubernamentales.
Además, la AB 60 prohíbe al DMV compartir información personal con autoridades migratorias federales, a menos que la ley federal lo requiera. California no es el único estado que otorga este tipo de licencias; otros como Washington, Nevada y Colorado también implementan programas similares.
Consultamos al DMV sobre esta solicitud de intercambio de datos, y la agencia explicó que el sistema responde a los requisitos federales de REAL ID, que obligan a los estados a compartir información de licencias en una base de datos centralizada para evitar duplicidades entre jurisdicciones. El DMV afirmó que el sistema no está diseñado ni es accesible para autoridades federales de inmigración, y que está prohibido compartir datos con entidades externas, incluido el gobierno federal.
También señaló que California obtuvo una enmienda al acuerdo del sistema estatal, que exige notificar a la agencia cualquier solicitud de datos de entidades que no sean estados participantes.
Representantes legales recomiendan a la comunidad mantenerse dentro del marco de la legalidad en la mayor medida posible, conducir con licencia válida y conocer sus derechos en caso de un arresto por parte de agentes migratorios.
Autoridades alertaron que si California no participa en este sistema de intercambio, el Departamento de Seguridad Nacional podría dejar de aceptar las licencias e identificaciones del estado en aeropuertos.
Para que el plan avance, California deberá aprobar los $55 millones de dólares solicitados primero y revisar restricciones vigentes sobre el uso de datos del Seguro Social.
