La violencia armada continúa siendo una de las crisis más urgentes y costosas en el Condado de San Diego. Según datos compartidos por autoridades locales, cada homicidio tiene un costo que supera los $4 millones de dólares y cada tiroteo no fatal, $1.3 millones, gastos que finalmente recaen en los contribuyentes.
Además, la violencia genera trauma, rompe familias y debilita la confianza en las comunidades. Actualmente se considera un problema de salud pública, concentrado principalmente en zonas vulnerables.
Ante esta situación, la vicepresidenta del condado, Mónica Montgomery Steppe, presentó una iniciativa para aumentar la inversión anual a $250 mil dólares por parte del Condado de San Diego, con el objetivo de ampliar el programa “No Shots Fired” (NSF). Este es un programa comunitario de prevención de la violencia liderado por Shaphat Outreach, organización que desde 1992 ofrece mentoría, intervención y servicios de apoyo para cambiar el rumbo de vida de jóvenes en riesgo.
Con esta nueva inversión se busca incrementar la capacidad del programa en la zona de Spring Valley, mediante el uso de interventores de violencia que conecten a jóvenes y familias con recursos y apoyo.
La violencia armada afecta de manera desproporcionada a comunidades afroamericanas y latinas. La tasa de homicidios con arma de fuego en personas afroamericanas es 9.9 veces mayor que en personas blancas.
El programa “No Shots Fired” ha demostrado resultados medibles en la reducción de la violencia en la Ciudad de San Diego. En 2024, se realizaron 87 mediaciones de conflictos entre pandillas.
Solo en la Ciudad de San Diego se registran anualmente 48 homicidios y 166 personas heridas por violencia armada, con un costo total superior a $411 millones de dólares. A través del alcance comunitario, la participación ciudadana y campañas de prevención, el programa busca reducir significativamente estas cifras.
La iniciativa será analizada el próximo 5 de mayo en la Junta de Supervisores.
