El lento avance en el registro de líneas celulares con CURP generó preocupación en el sector de telecomunicaciones en México, ante el riesgo de que millones de usuarios enfrentaran afectaciones en servicios digitales, operaciones bancarias, transporte por aplicación y otras actividades cotidianas que dependen del teléfono móvil.
De acuerdo con datos del sector, México contaba con aproximadamente 144 millones de líneas celulares, pero solo una parte había sido vinculada con la compañía telefónica correspondiente. La fecha límite marcada para completar el proceso fue el 30 de junio, lo que dejó un amplio número de líneas pendientes por registrar.
El registro formó parte de una estrategia gubernamental enfocada en combatir delitos como la extorsión, mediante la vinculación de cada línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población. Sin embargo, especialistas advirtieron que la baja participación de los usuarios podía generar consecuencias más amplias que un simple trámite administrativo.
El principal riesgo señalado fue que el celular ya no funcionaba únicamente como medio de comunicación. Para millones de personas, la línea móvil se había convertido en una herramienta esencial para ingresar a aplicaciones bancarias, recibir códigos de verificación, solicitar transporte, pedir comida, trabajar, estudiar o realizar pagos digitales.
La preocupación también alcanzó a usuarios de prepago y a personas que, por desconfianza, falta de información o temor al uso de sus datos personales, pudieron optar por abandonar líneas nacionales o buscar alternativas con números del extranjero. Este comportamiento reflejó la tensión entre las medidas de seguridad pública y la necesidad de mantener la conectividad diaria.
Para el sector, el reto no solo fue cumplir con una obligación regulatoria, sino evitar una posible afectación masiva en servicios asociados a la vida económica del país. Una interrupción o cancelación de líneas pudo tener efectos en bancos, comercios, plataformas digitales, trabajadores independientes y consumidores.
El avance del registro quedó como un punto clave de seguimiento para autoridades, empresas telefónicas y usuarios. La forma en que se resolviera el proceso definiría si la medida lograba fortalecer la seguridad sin provocar interrupciones en servicios que hoy forman parte esencial de la economía y la vida cotidiana.
