La Corte Suprema de Estados Unidos se preparaba para emitir una decisión clave sobre la ciudadanía por nacimiento, en un caso que podía redefinir quiénes eran reconocidos automáticamente como ciudadanos estadounidenses al nacer dentro del territorio del país.
El debate surgió a partir de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero de 2025, con la que buscó limitar la ciudadanía automática para bebés nacidos en Estados Unidos cuando sus padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes. La medida fue bloqueada por jueces federales, pero el caso avanzó hasta el máximo tribunal.
La controversia se centró en la interpretación de la Enmienda 14, que históricamente ha protegido la ciudadanía de las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción. Durante más de un siglo, esta disposición fue entendida como una garantía constitucional amplia para la mayoría de los nacidos en suelo estadounidense.
El caso también retomó un precedente de 1898, cuando la Corte Suprema reconoció la ciudadanía de una persona nacida en Estados Unidos de padres extranjeros. Para defensores de derechos civiles y organizaciones migrantes, ese antecedente fue clave para sostener que el gobierno no podía modificar por decreto una protección constitucional de ese alcance.
Durante el proceso, una de las principales preocupaciones fue el impacto práctico que tendría una restricción de este tipo. La decisión podía afectar a recién nacidos, familias migrantes, hospitales, agencias de registro civil y oficinas encargadas de documentos como pasaportes, certificados de nacimiento y trámites de ciudadanía.
El fallo fue esperado antes del cierre del periodo de sesiones de la Corte, previsto para junio de 2026. Más allá del tema migratorio, la resolución representaba una prueba importante sobre los límites del poder presidencial y sobre la capacidad del gobierno federal para reinterpretar una garantía constitucional mediante una orden ejecutiva.
La decisión final podía marcar uno de los cambios más relevantes en materia de ciudadanía estadounidense, con efectos directos para familias inmigrantes y para el sistema legal que durante décadas reconoció el nacimiento en territorio estadounidense como base automática de ciudadanía.
