La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía automática por nacimiento, en una decisión que mantuvo vigente una de las protecciones constitucionales más importantes para hijos de inmigrantes nacidos en territorio estadounidense.
El fallo representó un duro revés para la política migratoria de la administración Trump, que había buscado negar la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
La mayoría del tribunal sostuvo que la Enmienda 14 protegió la ciudadanía de las personas nacidas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, una interpretación que durante más de un siglo había sido aplicada como base del derecho de ciudadanía por nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump había instruido a las agencias federales a no reconocer como ciudadanos a ciertos niños nacidos en el país, dependiendo del estatus migratorio de sus padres. La medida fue bloqueada por tribunales inferiores antes de entrar plenamente en vigor y después llegó a la Corte Suprema en medio de una fuerte batalla legal.
Los demandantes argumentaron que la orden violaba el texto constitucional, leyes federales y precedentes históricos, incluido el criterio establecido por la Corte Suprema en 1898 sobre ciudadanía por nacimiento. Para organizaciones defensoras de derechos civiles, el caso ponía en riesgo la estabilidad legal de miles de familias inmigrantes.
El gobierno defendió la orden al sostener que la frase “sujetas a la jurisdicción” de Estados Unidos debía interpretarse de forma más limitada. Sin embargo, la Corte rechazó esa lectura y mantuvo el principio de que el lugar de nacimiento, con excepciones muy específicas, siguió siendo la base para adquirir la ciudadanía estadounidense.
La decisión dejó sin efecto uno de los intentos más agresivos de la administración Trump para modificar la política migratoria por vía ejecutiva. También reafirmó que un presidente no podía cambiar por decreto una garantía constitucional que había definido por generaciones el concepto de ciudadanía en Estados Unidos.
El fallo cerró un capítulo clave en la disputa sobre inmigración y derechos constitucionales, aunque el debate político continuó abierto. Tras la resolución, la ciudadanía por nacimiento permaneció protegida como principio central del sistema legal estadounidense.
