Una corte de Nuevo México ordenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, pagar 567 millones de dólares para financiar programas destinados a atender los efectos que sus plataformas han tenido en la salud mental y seguridad de niños y adolescentes.
La resolución corresponde a la segunda fase de un juicio contra la compañía y establece que 420 millones de dólares deberán destinarse directamente a servicios de tratamiento para jóvenes afectados.
El resto de los recursos será utilizado durante los próximos cinco años para programas de prevención, campañas de concientización, servicios de detección y otras acciones relacionadas con la protección de menores.
En una etapa anterior del proceso, un jurado impuso a Meta 375 millones de dólares en sanciones civiles, luego de concluir que la compañía conocía riesgos relacionados con el impacto de sus plataformas en menores y con posibles situaciones de explotación sexual infantil.
Durante esta segunda fase, la fiscalía también solicitó cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram, incluyendo modificaciones a herramientas consideradas potencialmente adictivas, mayores controles de privacidad y sistemas más estrictos para comprobar la edad de los usuarios.
Sin embargo, el juez Bryan Biedcheid rechazó varias de esas peticiones al considerar que existen limitaciones legales para imponer determinados mecanismos de verificación de edad.
Entre sus argumentos señaló que la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea establece restricciones sobre la forma en que las plataformas pueden recopilar información de menores de 13 años.
El juez también consideró que obligar únicamente a Meta a implementar determinados sistemas de verificación, sin imponer requisitos similares al resto de las compañías de redes sociales, podría generar condiciones desiguales dentro de la industria.
La resolución pone nuevamente bajo escrutinio la responsabilidad de las grandes plataformas digitales sobre la protección de menores, especialmente por el diseño de funciones que pueden aumentar el tiempo de uso, la exposición a contenido perjudicial y los riesgos relacionados con la interacción entre adultos y adolescentes.
El dinero ordenado por la corte estará enfocado principalmente en atender las consecuencias para los jóvenes y desarrollar medidas preventivas durante los próximos años, mientras continúa el debate sobre hasta dónde deben llegar las obligaciones de las empresas tecnológicas para proteger a los usuarios menores de edad.
