Especialistas en derecho, periodismo, academia y transparencia advirtieron sobre los posibles riesgos que podrían generar los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, particularmente en materia de libertad de expresión, acceso a la información y libertad editorial.
El análisis se realizó durante la mesa “Libertades y el derecho de las audiencias”, organizada en Tijuana por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Baja California, en coordinación con la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana.
La discusión cobró relevancia debido a que el 21 de agosto de 2026 vence el plazo para enviar comentarios, observaciones y propuestas a la consulta pública sobre estos lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Durante el encuentro, el presidente de la BMA Capítulo Baja California, Manuel Pérez-Freyre, señaló la importancia de mantener abiertos estos espacios de análisis, al considerar que el debate no debe limitarse al ámbito jurídico, sino incluir también a periodistas, académicos, especialistas y sociedad civil por las posibles consecuencias en derechos fundamentales.
Por parte de Artículo 19, Martha Tudón expuso que en 2025 se registraron 451 agresiones contra periodistas en México, de las cuales el 50% fueron atribuidas a representantes del Estado. También informó sobre 69 casos de acoso judicial por la vía administrativa, civil y penal, además de siete periodistas asesinados por posible vínculo con su labor. En lo que va de 2026, la organización contabilizó seis periodistas asesinados.
Tudón advirtió que una regulación que genere incertidumbre sobre los límites o consecuencias del ejercicio periodístico podría llevar a comunicadores a evitar ciertos temas, especialmente investigaciones relacionadas con actores públicos o asuntos de interés social, lo que aumentaría el riesgo de autocensura.
La periodista y académica Loraine Morales, coordinadora de Investigación y Posgrados de Ibero Tijuana, compartió su experiencia personal con las consecuencias del periodismo de investigación en Cuba y señaló que este tipo de disposiciones pueden tener efectos directos sobre quienes investigan y publican información de interés público.
Desde la perspectiva jurídica, Leonardo Abarca Jiménez, consejero nacional de la BMA, sostuvo que el tema debe interesar a toda la sociedad porque involucra derechos humanos fundamentales. Explicó que la libertad de expresión no solo protege el derecho de las personas a expresarse, sino también el derecho de la sociedad a recibir información y opiniones.
Los participantes coincidieron en la necesidad de revisar técnicamente que las disposiciones no excedan las facultades de la autoridad reguladora ni establezcan restricciones que puedan entrar en conflicto con derechos reconocidos por la Constitución mexicana.
