Una asociación de vecinos de Tijuana presentó ante el Congreso de Baja California una denuncia mediante la cual solicita iniciar un procedimiento de juicio político contra Carlos Rodolfo Montero Vázquez, magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
La petición fue presentada por la Asociación de Vecinos Hacienda Agua Caliente, A.C., encabezada por su presidenta Alma Artemiza Flores González y en representación de residentes de Hacienda Agua Caliente, Lomas de Agua Caliente Sexta Sección, Las Plazas y sectores aledaños.
Los promoventes solicitan que el Poder Legislativo investigue posibles conflictos de interés y diferentes actuaciones relacionadas con un desarrollo inmobiliario ubicado en Lomas de Agua Caliente. Los señalamientos forman parte de la denuncia presentada por los vecinos y deberán ser investigados por las autoridades correspondientes.
Conflicto se remonta a una construcción iniciada en 2023
De acuerdo con el comunicado, el caso tiene como antecedente una obra desarrollada por MYO BC, S.A. de C.V. en dos lotes de la calle Jazmines, en Lomas de Agua Caliente Sexta Sección.
Los vecinos señalan que las licencias municipales expedidas en 2022 contemplaban viviendas de dos niveles, con superficies aproximadas de 183 y 188 metros cuadrados.
Sin embargo, indican que en agosto de 2023 la Dirección de Administración Urbana determinó que lo construido no correspondía con los proyectos autorizados y que el inmueble contemplaba cuatro niveles.
La autoridad municipal también habría señalado la falta de documentos y responsables técnicos, entre ellos memoria de cálculo, estudio de mecánica de suelos y un director responsable de obra autorizado, además de advertir sobre la necesidad de revisar las condiciones estructurales.
El comunicado agrega que el uso de suelo de la zona correspondía a vivienda unifamiliar y que el proyecto requería una autorización adicional para desarrollar vivienda multifamiliar vertical.
Vecinos cuestionan actuaciones judiciales relacionadas con la obra
La asociación también incluyó en su denuncia diversas resoluciones emitidas dentro de procedimientos administrativos relacionados con la construcción.
Según el documento, durante 2023 fueron concedidas medidas que permitieron continuar trabajos y posteriormente retirar sellos de clausura colocados por el Ayuntamiento de Tijuana.
Los denunciantes sostienen que personal del Juzgado Cuarto del Tribunal acudió el 11 de julio de aquel año para retirar los sellos municipales en cumplimiento de una suspensión judicial.
También piden esclarecer versiones de testigos que, aseguran, observaron posteriormente un vehículo perteneciente al Tribunal realizando recorridos frente al inmueble.
En otro de sus señalamientos, los vecinos afirman que Montero Vázquez intervino personalmente cuando acudieron a las oficinas del Pleno en Mexicali para plantear sus inquietudes sobre el desarrollo. La asociación considera que su actuación habría mostrado parcialidad hacia la construcción, señalamiento que forma parte de la denuncia y cuya veracidad solicitan investigar.
Piden aclarar posible relación entre la empresa y el Tribunal
Otro aspecto planteado ante el Congreso corresponde a la relación comercial entre MYO BC y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Según el comunicado, la compañía aparece como arrendadora de varios locales de Plaza Patria utilizados por el Tribunal desde septiembre de 2018. El contrato habría sido renovado por el Pleno Administrativo el 15 de enero de 2026, con vigencia hasta finales del mismo año.
Los vecinos también solicitan investigar la estructura accionaria de la compañía y determinar quiénes son sus beneficiarios reales.
La denuncia menciona versiones atribuidas a trabajadores de la obra sobre una posible relación entre el magistrado y la empresa. El propio comunicado aclara que se trata de un señalamiento que los promoventes buscan que sea verificado mediante una investigación.
Amparo federal forma parte de los antecedentes
Entre los elementos incluidos por la asociación se encuentra una resolución emitida el 9 de marzo de 2026 por el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Baja California dentro del expediente 726/2025.
De acuerdo con el comunicado, el amparo determinó que una persona debía haber sido incorporada al procedimiento relacionado con el cambio de uso de suelo de vivienda unifamiliar a multifamiliar vertical.
Como consecuencia, se ordenó dejar sin efectos una resolución previa del Tribunal Unitario Contencioso Administrativo Municipal de Tijuana relacionada con dicha modificación.
Solicitan revisar recursos y capacidad financiera de MYO BC
La petición entregada al Congreso también plantea que la Comisión Instructora solicite información a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria.
El objetivo, de acuerdo con los promoventes, sería revisar la capacidad económica de MYO BC, el origen de los recursos utilizados en el proyecto y su situación financiera.
Además, solicitan realizar una valoración técnica sobre el costo de la construcción y contrastarlo con los ingresos y declaraciones fiscales de la compañía.
Se oponen a eventual designación en magistratura anticorrupción
La asociación manifestó además su oposición a una eventual designación de Carlos Rodolfo Montero Vázquez como titular de la Magistratura Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.
Según el comunicado, la creación de esa magistratura está contemplada en una iniciativa de reforma presentada ante el Congreso estatal el 2 de octubre de 2026.
Los vecinos piden que antes de cualquier posible nombramiento sean investigados los señalamientos contenidos en su denuncia.
Finalmente, la asociación solicitó al Congreso de Baja California que determine si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de juicio político.
El propio comunicado sostiene que la denuncia no pretende anticipar responsabilidades ni sustituir las funciones de las autoridades competentes, sino solicitar que los hechos expuestos sean investigados y esclarecidos.
