Legisladores de California impulsaron una propuesta para prohibir que agentes federales, estatales y locales utilizaran guantes capaces de producir descargas eléctricas, después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos otorgó un contrato millonario para adquirir miles de estos dispositivos. La iniciativa avanzó durante los últimos días de la sesión legislativa estatal y abrió un nuevo frente entre California y la política migratoria de la administración de Donald Trump.
La propuesta, identificada como AB 2760, fue presentada por la asambleísta demócrata de San Diego LaShae Sharp-Collins y buscó impedir la compra, posesión y utilización de guantes de electrochoque por parte de corporaciones policiales en California.
La iniciativa adquirió mayor relevancia después de que ICE otorgó a una empresa de Kentucky un contrato por aproximadamente 16.7 millones de dólares para adquirir 6 mil pares de guantes eléctricos. Los dispositivos, comercializados bajo el nombre G.L.O.V.E., fueron diseñados para producir una descarga al entrar en contacto directo con una persona.
El fabricante describió la tecnología como una herramienta menos letal destinada a controlar o reducir situaciones de confrontación. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos civiles cuestionaron su seguridad y advirtieron sobre el riesgo de que fueran utilizados de manera excesiva durante arrestos y operativos migratorios.
Sharp-Collins sostuvo que California no debía esperar a que ocurriera un incidente grave antes de regular estos dispositivos. Los guantes todavía no habían sido utilizados por agentes migratorios en el estado, pero la legisladora planteó que su eventual incorporación representaba un riesgo para residentes y comunidades inmigrantes.
El debate también retomó un caso ocurrido en Kentucky, donde un hombre murió después de recibir múltiples descargas con guantes eléctricos y un Taser mientras permaneció bajo custodia. El episodio fue utilizado por los partidarios de la iniciativa para cuestionar la seguridad de esta tecnología.
La propuesta encontró oposición entre organizaciones policiales de California, que argumentaron que prohibir estos dispositivos pudo limitar herramientas disponibles para controlar situaciones peligrosas sin recurrir a niveles superiores de fuerza.
La medida también enfrentó cuestionamientos jurídicos debido a que California tuvo facultades limitadas para establecer directamente cómo los agentes federales desempeñaron sus funciones. Legislaciones estatales anteriores dirigidas a regular operaciones migratorias federales habían enfrentado impugnaciones en tribunales por posibles conflictos con la autoridad del gobierno de Estados Unidos.
El proyecto avanzó en comités del Senado estatal mientras los legisladores enfrentaron el cierre de la sesión el 31 de agosto, por lo que su aprobación definitiva quedó sujeta a una carrera contra el tiempo y, posteriormente, a una posible firma del gobernador Gavin Newsom y eventuales desafíos judiciales.
