El Condado de San Diego presentó una nueva propuesta para reforzar la investigación y recuperación de salarios no pagados, ampliar los recursos destinados a la protección laboral y facilitar que trabajadores afectados puedan reclamar el dinero que legalmente les corresponde. La iniciativa será presentada formalmente ante la Junta de Supervisores el martes 15 de septiembre.
La supervisora del Condado de San Diego Paloma Aguirre anunció la propuesta acompañada por representantes sindicales, organizaciones comunitarias y trabajadores de la región, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional ante casos de salarios retenidos, horas extra no pagadas, clasificación laboral incorrecta y represalias.
El plan buscará ampliar la capacidad de la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento, permitiendo destinar más recursos a la investigación de denuncias, recuperación de salarios y aplicación de las leyes laborales.
También se contempla fortalecer el Workplace Justice Fund, utilizado para respaldar acciones relacionadas con trabajadores que enfrentan violaciones salariales, además de mejorar los mecanismos de coordinación con los abogados del Condado para facilitar procesos legales de recuperación.
Otro de los puntos centrales será ampliar la difusión de información entre comunidades consideradas más vulnerables. La propuesta contempla campañas multilingües y culturalmente adaptadas, particularmente para trabajadores de bajos ingresos, comunidades inmigrantes y sectores como hotelería, construcción, limpieza y cuidado de personas en el hogar.
Aguirre señaló que la pérdida de una parte del salario puede representar una crisis económica para familias que dependen de cada cheque para cubrir vivienda, alimentación y otros gastos básicos.
El director de la Oficina de Normas Laborales y Cumplimiento, Branden Butler, indicó que desde 2017 se han acumulado más de 29 millones de dólares en resoluciones relacionadas con salarios no pagados en el condado, una cifra que refleja la dimensión del problema.
Las autoridades también sostuvieron que reforzar la vigilancia beneficiará a los negocios que cumplen con las normas laborales, al impedir que empresas que retienen salarios o incumplen obligaciones obtengan ventajas económicas frente a empleadores responsables.
Si la Junta de Supervisores aprueba la propuesta el 15 de septiembre, el Condado ampliará sus herramientas para investigar denuncias, recuperar salarios y acercar recursos legales a trabajadores afectados, con la intención de reducir el robo de salarios y fortalecer el cumplimiento de las leyes laborales en toda la región.
