San Diego | Este martes, la Junta de Supervisores del Condado no logró aprobar una propuesta que instaba a tomar acciones legales contra los centros de embarazo en crisis acusados de ofrecer información engañosa y no estar acreditados.
La vicepresidenta de la junta, Terra Lawson-Remer, y la presidenta Nora Vargas apoyaron la medida, mientras que los supervisores Joel Anderson y Jim Desmond votaron en contra.
Los defensores de los centros sostienen que proporcionan ayuda vital y gratuita a mujeres embarazadas, mientras que los críticos señalan un esquema para desviar a las mujeres de la opción del aborto.
La votación que culminó en empate, dejó la decisión en el aire hasta la reunión del 5 de diciembre o en una futura sesión.
