La Junta de Supervisores del Condado de San Diego rechazó por mayoría de votos, una propuesta que buscaba pedir al estado restricciones a la compra de viviendas de nivel inicial y unifamiliares por parte de inversionistas extranjeros, especialmente cerca de bases militares.
El supervisor Jim Desmond, autor de la medida y único voto a favor, argumentó que su intención era dar prioridad a los residentes locales y evitar que grandes corporaciones extranjeras encarezcan el mercado inmobiliario.
Afirma que más de 56 mil millones de dólares en bienes raíces estadounidenses fueron adquiridos por inversionistas extranjeros el año pasado, 15% de ellos en California.
Sin embargo, organizaciones civiles advirtieron que la propuesta podría tener un sesgo racial, recordando leyes históricas que impidieron a comunidades asiáticoamericanas ser propietarias de terrenos.
La presidenta de la Junta, Terra Lawson-Remer, y la vicepresidenta Monica Montgomery Steppe coincidieron en que el texto del plan podía generar discriminación y conflictos legales, como ha ocurrido en otros estados.
Lawson-Remer propuso, en cambio, seguir trabajando en alternativas que faciliten la compra de vivienda a familias locales, sin excluir a nadie por su país de origen.
