CALIFORNIA.- El alcalde de El Cajón, Bill Wells, envió una carta formal al fiscal general de California, Rob Bonta, exigiendo una explicación sobre cómo las leyes santuario del estado cumplen con la legislación penal federal.
El argumento central de Wells sostiene que la ley SB 54 podría violar el estatuto federal que prohíbe alentar o inducir a personas a residir ilegalmente en el país, al ofrecer beneficios como licencias de conducir y atención médica sin importar el estatus migratorio.
El alcalde afirma que estas políticas crean incentivos económicos que fomentan la estancia irregular y bloquean la cooperación policial necesaria. La ciudad, que ya emitió una resolución para cumplir con las leyes federales de inmigración, ha otorgado un plazo hasta el 22 de abril de 2026 para recibir una respuesta por escrito que aclare la base legal de estas normativas estatales.
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