Baja California exige frenar explosivos en el Cerro Cuchumá por su valor sagrado y biocultural

El gobierno de Baja California exige frenar el uso de explosivos en el Cerro Cuchumá, al considerar que las detonaciones ponen en riesgo un sitio sagrado para el pueblo Kumiai y un patrimonio cultural y ambiental de la región fronteriza.

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El conflicto por las detonaciones en la zona del Cerro Cuchumá siguió escalando y alcanzó ya un nivel institucional. En medio de las denuncias de comunidades indígenas, habitantes de Tecate y especialistas por los trabajos ligados al muro fronterizo, el gobierno estatal fijó una postura formal para exigir la suspensión inmediata de estas actividades en un área de alta sensibilidad cultural.

El caso adquirió mayor peso por el significado que esta montaña tuvo históricamente para la identidad de la región. Para la comunidad Kumiai, el Cuchumá no solo ha representado una referencia geográfica, sino un espacio sagrado vinculado con ceremonias, memoria ancestral y continuidad cultural a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

En ese contexto, la Secretaría de Cultura de Baja California dirigió un oficio al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Rodney S. Scott, para pedir el cese de las actividades de demolición mediante explosivos en el área conocida como Cerro Cuchumá. El documento, firmado por la secretaria de Cultura, Alma Delia Ábrego Ceballos, sostuvo que el valor del sitio como patrimonio biocultural y sagrado antecedió a cualquier administración y lo definió como un monumento vivo de resistencia y espiritualidad para el pueblo binacional Kumiai.

La dependencia fundamentó su postura en tres ejes principales. El primero aludió a los derechos culturales universales, al señalar que la destrucción de un sitio de culto ancestral contravenía los principios de la Agenda 2030, especialmente el objetivo orientado a proteger el patrimonio cultural del mundo. El segundo se centró en el impacto sobre la paz y el bienestar, al advertir que la fragmentación de este paisaje cultural generó una herida profunda en el tejido social de las comunidades fronterizas. El tercero apeló al principio de precaución, bajo el argumento de que las obras debían detenerse hasta que especialistas de ambos países evaluaran el daño irreversible a vestigios arqueológicos y centros ceremoniales.

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En el oficio, la Secretaría exhortó a la CBP a respetar los protocolos de consulta con los pueblos originarios y a detener de inmediato el uso de explosivos en esta zona. También subrayó que el desarrollo de la seguridad fronteriza no debía implicar el sacrificio de la herencia cultural de las naciones indígenas.

Con esta acción, el gobierno de Baja California elevó formalmente una preocupación que ya había sido expresada por representantes comunitarios y autoridades locales. La carta convirtió el caso del Cerro Cuchumá en un asunto de defensa patrimonial, al colocar en el centro el choque entre infraestructura fronteriza, protección cultural y derechos de los pueblos originarios.

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