Autoridades de California rechazaron que el estado haya vulnerado la confianza de residentes al compartir información de licencias de conducir, al señalar que existen leyes estrictas sobre cómo, con quién y para qué fines pueden utilizarse esos datos.
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La aclaración surgió después de reportes considerados imprecisos sobre el uso del sistema de verificación interestatal relacionado con la ley federal REAL ID, una norma que exige a los estados compartir información limitada y segura para evitar que una persona tenga múltiples licencias o identificaciones en distintas jurisdicciones.
De acuerdo con la explicación estatal, California utilizó un sistema administrado por la American Association of Motor Vehicle Administrators, una organización sin fines de lucro integrada por agencias estatales de vehículos motorizados. Ese sistema fue diseñado para la comunicación entre estados y no para labores de control migratorio.
Las autoridades subrayaron que el sistema no estuvo disponible para agencias federales de inmigración y que los participantes tienen prohibido compartir información personal con entidades externas, incluido el gobierno federal. También precisaron que el gobierno federal no tuvo acceso al sistema completo.
La obligación de compartir datos entre estados formó parte de los requisitos federales para mantener el cumplimiento con REAL ID, necesario para que las licencias puedan utilizarse en trámites federales, como controles de seguridad en aeropuertos o ingreso a edificios federales.
California también informó que solicitó y obtuvo una modificación al acuerdo estándar de participación, con el fin de que el DMV sea notificado si alguna entidad distinta a otro estado participante solicita información. Esa medida permitiría al estado intervenir ante cualquier intento de acceso externo.
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Con esta postura, California buscó aclarar que el intercambio de datos se limitó a fines de verificación entre estados, bajo reglas federales y acuerdos específicos, mientras reiteró que la información de licencias no fue entregada para acciones de cumplimiento migratorio.
