California avanzó en una nueva medida para limitar las ganancias obtenidas por empresas privadas en la venta de productos básicos dentro de centros de detención de inmigrantes, después de que la Legislatura estatal aprobara el proyecto SB 941.
La iniciativa fue presentada por el senador estatal Steve Padilla, de San Diego, y estableció que los artículos vendidos en comisariatos de centros privados de detención no podrían tener un margen superior al 35 por ciento sobre el costo pagado por el proveedor.
La propuesta buscó extender a las personas bajo custodia migratoria las protecciones de precios que California ya había establecido para otros centros de detención mediante la ley conocida como BASIC Act.
El debate tomó fuerza después de que se documentaran importantes aumentos en productos de uso cotidiano dentro de algunas instalaciones. Entre los casos señalados estuvieron incrementos de 75 por ciento en barras de jabón, 100 por ciento en fideos ramen, 139 por ciento en pasta dental y hasta 300 por ciento en atún enlatado.
California mantuvo siete centros privados donde permanecían personas bajo custodia de ICE, dos de ellos ubicados dentro del distrito representado por Padilla.
Los comisariatos de estas instalaciones fueron administrados generalmente por proveedores externos, quienes establecieron los precios con una supervisión limitada, situación que generó críticas por el costo que enfrentaban los detenidos para adquirir artículos considerados básicos.
La inconformidad provocó incluso protestas dentro de algunos centros. El mes anterior, personas detenidas en California City y Golden State Annex realizaron un boicot contra los comisariatos para rechazar el aumento de los precios.
SB 941 fue aprobado en la Asamblea estatal con 54 votos a favor y uno en contra, mientras que posteriormente recibió respaldo unánime en el Senado, con 38 votos favorables.
La medida también recibió apoyo de organizaciones defensoras de inmigrantes y de la Oficina del Procurador General de California, cuyos representantes argumentaron que las personas detenidas no deberían enfrentar precios excesivos por necesidades básicas.
El proyecto quedó ahora en manos del gobernador Gavin Newsom. Si recibiera su firma, California impondría un nuevo límite a las ganancias de vendedores y operadores de comisariatos en centros privados de detención migratoria.
