El pronunciamiento fue emitido por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, que condenó lo ocurrido y lo calificó como un hecho grave que no puede tratarse como un incidente menor.
De acuerdo con el documento, el caso involucra a elementos de la Guardia Nacional, señalados por haber ingresado a un domicilio particular bajo la simulación de un supuesto operativo. El Comité sostiene que durante la intervención habrían ocurrido agresiones, intimidaciones y daños a la propiedad, además de posibles actos que podrían configurar delitos como abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y otras conductas relacionadas con el ejercicio ilícito del servicio público.
El organismo ciudadano advierte que, si los hechos se confirman, representarían una violación directa al estado de derecho, a la propiedad privada y a derechos humanos, además de afectar las garantías mínimas de seguridad jurídica. En ese contexto, subraya que es inadmisible que corporaciones creadas para proteger a la población sean utilizadas como instrumentos de miedo o atropello institucional.
El Comité insistió en que el caso refuerza una demanda recurrente desde la sociedad civil: fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad, para frenar excesos y evitar prácticas abusivas disfrazadas de operativos. También reiteró que ninguna autoridad está por encima de la ley y que el combate a la inseguridad no puede sostenerse mediante arbitrariedades.
Finalmente, el pronunciamiento exige que los responsables sean identificados, procesados y sancionados conforme a la ley, y plantea como objetivo central contar con instituciones confiables, legales y sujetas a supervisión ciudadana, como condición para recuperar la confianza pública y garantizar seguridad sin atropellos.
